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jueves, 24 de diciembre de 2009

Abuso sexual de menores en Irlanda fue ocultado por la Iglesia y el Estado

Una investigación sobre el maltrato de niños cometido durante décadas en las instituciones católicas irlandesas llegó a la conclusión de que el abuso sexual era "endémico" en estos centros educativos y religiosos.
Connivencia entre la Iglesia irlandesa y el estado

En el texto del informe presentado se examinan las acusaciones presentadas por 320 personas contra 46 sacerdotes -11 de los cuales fueron condenados por abusos sexuales a menores- por hechos ocurridos entre 1975 y 2004. También se analiza el manejo del escándalo por parte de los miembros de la jerarquía católica irlandesa, entre ellos cuatro arzobispos.

En el documento de 700 páginas, que fue publicado con una serie de cortes para no perjudicar presentes o futuros casos penales, se asegura que la Iglesia puso la reputación de la institución por encima del bienestar de los menores. Además, señala que la jerarquía eclesiástica consideró más importante "evitar escándalos" que implicarían a personas de alto perfil, en vez de impedir que los abusadores repitieran sus crímenes.
Así, en lugar de informar de las denuncias de abusos a las autoridades, los sacerdotes implicados fueron transferidos de parroquia en parroquia. "La preocupación de la Arquidiócesis de Dublín a la hora de manejar los casos de abusos sexuales a menores, al menos hasta medidos de los años ‘90, fue mantener la discresión, evitar los escándalos, y proteger la reputación y los bienes de la Iglesia", se asegura en el documento.
Disculpas
Cuatro arzobispos evitaron proporcionar información sobre los abusadores. Tras la presentación del informe, el arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, dijo sentirse avergonzado por las conclusiones del mismo y pidió disculpas a todas las víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos. "Ofrezco a cada uno de los superviviente mis disculpas, pena y vergüenza. El hecho de que los abusadores eran sacerdotes representa una afrenta para el sacerdocio. Ninguna palabra de disculpa será suficiente", agregó el arzobispo.

El informe asegura que la arquidiócesis que ahora encabeza Martin hizo todo lo posible para "evitar cualquier aplicación de la ley del Estado" en los casos de abusos. También indica que cuatro arzobispos –John Charles McQuaid, quien falleció en 1973; Dermot Ryan, fallecido en 1984; Kevin McNamara, fallecido en 1987; y el cardenal Desmond Connell- evitaron proporcionar información sobre los abusadores.

Además, señala que las autoridades eclesiásticas que tuvieron conocimiento de las denuncias de abusos eran gente educada, que en algunos casos contaban con conocimientos de derecho canónico y civil, por lo que "resulta muy difícil aceptar" su supuesta ignorancia. Las autoridades irlandesas también son criticadas duramente en el informe, especialmente la policía, por su relación de connivencia con la Iglesia.

También la policía
El ministro irlandés de justicia aseguró que se trata de "un escándalo de proporciones insospechadas". En el documento se asegura que los altos mandos policiales consideraban que los sacerdotes estaban por encima de la ley y que algunos agentes "informaban a la diócesis sobre denuncias en lugar de investigarlas". "Las autoridades del Estado facilitaron el encubrimiento al no cumplir con sus obligaciones y asegurar que la ley se aplicase a todos por igual, lo que permitió a las instituciones de la Iglesia mantenerse fuera del alcance del proceso legal normal".

El comisionado de la policía irlandesa Fachtna Murphy aseguró que fue difícil y perturbador leer de manera detallada los abusos cometidos y el fracaso por parte de la iglesia y del Estado a la hora de proteger a las víctimas. "La comisión ha hallado que en algunos casos los individuos que buscaron asistencia no siempre recibieron el nivel de respuesta o protección que cualquier ciudadano en problemas debe esperar de la policía irlandesa", dijo Murphy.

El ministro irlandés de justicia, Dermot Ahern, cuyo departamento encargó el informe, aseguró que se trata de "un escándalo de proporciones insospechadas", en el que el "bienestar de los niños nunca se tuvo en cuenta". El informe de este jueves se conoce seis meses después de la publicación del conocido como Informe Ryan, en el que se recogían los testimonios de unas 2.000 personas que afirman haber sufrido abusos sexuales mientras se encontraban al cuidado de instituciones católicas.

Esa investigación concluyó que los líderes de la Iglesia sabían que los abusos sexuales eran un problema "endémico" en las instituciones católicas para menores de edad. La Iglesia Católica irlandesa se enfrenta al pago de compensaciones a las víctimas de abusos sexuales por un monto que podría rondar los US$1.500 millones, cifra muy superior a los US$180 millones que la institución negoció con el gobierno irlandés en 2002.
Los investigadores también determinaron que el abuso emocional y físico así como la negligencia eran característicos de dichas instituciones. En las escuelas "se imponía un régimen severo y se sometía los niños -e incluso al personal- a una disciplina absurda y opresiva", reza el documento elaborado por una comisión especial, que comenzó su trabajo en el año 2000.

El periodista de la BBC Sean Fanning informó que la Comisión Para Investigar el Abuso Infantil -presidida por uno de los jueces de la Corte Suprema irlandesa- se estableció 9 años atrás luego de que se difundiera un documental televisivo con entrevistas a las víctimas y de una disculpa pública del ex primer ministro de la República de Irlanda, Bertie Ahern.

Miles de víctimas
Esto me ha devastado y devastará a la mayoría de las víctimas porque no se han levantado cargos criminales y nadie ha sido declarado responsable. Los autores del informe sostienen que los inspectores del gobierno durante aquellos años no impidieron las golpizas crónicas ni las violaciones ni la humillación a la que fueron sometidos los niños.

La investigación abarca un período de 60 años (entre la década del 20 y los años 80) en el cual cerca de 35.000 niños fueron integrados a un sistema de reformatorios, escuelas industriales y talleres. Dichas instituciones albergaban a los niños abandonados o descuidados por sus familias, pero también iban a parar allí jóvenes acusados de delitos menores. También las madres solteras, enviadas por sus propias familias. Más de 2.000 personas le informaron a la comisión haber sufrido tormentos físicos y sexuales mientras permanecieron en dichas instituciones.
Sin juicios

El informe recogió el testimonio de unas 2.000 personas. Durante la presentación del informe a la prensa debió acudir la policía debido a la reacción violenta de varias víctimas que protestaron por la falta de justicia. John Walsh, una de las víctimas, dijo que la ausencia de procesos judiciales en contra de los abusadores lo hace sentirse "engañado y traicionado". "Yo nunca hubiera compartido mis heridas si hubiera sabido que todo iba a terminar así", dijo Walsh y agregó: "Esto me ha devastado y devastará a la mayoría de las víctimas porque no se han levantado cargos criminales y nadie ha sido declarado responsable".

Ningún nombre real -ni de víctimas ni de victimarios- fue publicado en el informe.

El miedo como herramienta

El informe -de más de 2.500 páginas- señala que las niñas bajo la supervisión de las monjas, mayormente de la orden Hermanas de la Misericordia, sufrieron menos abusos sexuales pero fueron en cambio víctimas del maltrato emocional, destinado a humillarlas y a hacerlas sentir inferiores.

El documento concluye además que las autoridades eclesiásticas no solo aprobaban sino que animaban a sus miembros a propinar castigos físicos y protegían a los pedófilos dentro de sus órdenes para evitar que sean arrestados.

Los castigos físicos excesivos generaban temor y esto para las autoridades escolares era esencial para mantener el orden.

Informe

Según la comisión, los testimonios de hombres y mujeres que aún sufren las heridas dejadas por el trauma de su experiencia -y que hoy tienen entre 50 y 80 años- han demostrado sin lugar a dudas que el sistema en su totalidad trataba a los niños como si fueran presos y esclavos y no como ciudadanos con derechos legales y potencial humano. "Los reformatorios y las escuelas industriales dependían de un control rígido logrado mediante severos castigos corporales y el miedo que semejantes castigos inspiraban".

El uso de la violencia y la crueldad "eran sistémicos y no el resultado de la violación individual de las reglas por parte de individuos que operaban fuera de la ley y los límites aceptados". "Los castigos físicos excesivos generaban temor y esto para las autoridades escolares era esencial para mantener el orden".

El informe propone 21 formas para que el gobierno reconozca sus errores, entre las que se incluyen la construcción de un monumento conmemorativo, la puesta a disposición de las víctimas de un servicio de ayuda terapéutica, y la mejora de los servicios para la protección de los niños en Irlanda.